Por:

La implementación de las campañas de difusión y prevención a cargo del poder Ejecutivo Provincial, tal como lo establece la ley 11.529 de violencia familiar y su decreto reglamentario.

La puesta en práctica de un servicio de atención en violencia en sede de tribunales, a fin de informar y asesorar a la víctima.

El acceso a la justicia que garantice el justo castigo de todos los hechos de violencia contra las mujeres.
La incorporación por el Ministerio de Educación de la provincia de temas de violencia contra las mujeres y las niñas, en los programas y currículas educativas de los distintos niveles.

Por la visibilización de los femicidios y la condena penal y social de los autores de los delitos.

La implementación de medidas por parte del Estado que garanticen una vida digna a los hijos e hijas de violencia familiar.
Por la legalización del aborto, ya que su clandestinidad provoca mas de una muerte por día de mujeres.

Por la liberación de todas las presas sociales y el desprocesamiento de todas las luchadoras populares.

Por el trabajo digno para todas las mujeres, que evite el fenómeno de la feminización de la pobreza que implica situaciones de violencia económica para miles de mujeres en nuestro país.

Por la no discriminación de las lesbianas en los ámbitos laborales, educativos, de salud, legislativos y económicos.
Por la investigación y condena de los autores de las muertes de Sandra Cabrera y Graciela Acosta.